Miguel de la Madrid Hurtado.

Presidencia: 1 diciembre 1982 - 1 diciembre 1988.

Partido político: Partido Revolucionario Institucional (PRI)

El 1 de diciembre de 1982 de la Madrid tomó posesión del cargo con mandato hasta 1988, en un momento de "emergencia" económica, según la expresión que él mismo empleó. Así, el hundimiento en junio de 1981 de los precios internacionales del petróleo, con mucha diferencia el primer producto de exportación de México, debido a una saturación de la oferta en los mercados, había repercutido inmediatamente en toda la estructura productiva y financiera nacional, y reventado el engañoso auge desarrollista de los últimos años (merecedor en su momento del ditirambo de "milagro mexicano"), que basaba la industrialización en el endeudamiento. Para apagar las luces rojas en todas las cuentas públicas, detener la escalada de los precios y atajar la evaporación de las reservas de divisas, López Portillo había optado por ampliar el control estatal sobre la economía de tipo mixto mediante la nacionalización de la banca privada (1 de septiembre de 1982) y la implantación del control de cambios antes de fijar un tipo devaluado del peso.  El flamante mandatario mantuvo por el momento el intervencionismo financiero y monetario, y anunció un plan anticrisis de diez puntos que incidía en la austeridad y la recuperación de la liquidez, y que postergaba la recuperación de la inversión, el consumo y el crecimiento. En líneas generales, dicho plan consistió en recortes en el gasto público, inversiones selectivas en actividades productivas y creadoras de empleo, subidas de los tipos de interés con el objeto de atraer los capitales financieros, alzas impositivas y tarifarias, y eliminación de subvenciones a productos básicos de la cesta de la compra. Sin embargo, por talante personal y por su análisis del problema, en la actuación de De la Madrid asomaron discrepancias con algunos de los grandes rasgos característicos de la etapa lopezportillista. Una temprana y vigorosa depreciación del peso con respecto al dólar se interpretó como el primer paso para el levantamiento del control de cambios en el mercado monetario, y el presidente, aunque aseguró que la nacionalización y la reestructuración del sistema bancario eran irreversibles, solicitó al Congreso la apertura al capital privado de un tercio de los activos de la veintena de entidades a que la reforma había dado lugar. 

En añadidura, de la Madrid lanzó una campaña de moralización en la administración pública que incluyó reformas legales para fiscalizar y perseguir a los funcionarios corruptos. También, retomó el diálogo con los acreedores internacionales para rescalonar el servicio de la deuda y obtener un empréstito de 5.300 millones de dólares; a cambio, el Gobierno sistematizó sus medidas de ajuste con el denominado Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE), presentado en enero de 1983. La cascada de iniciativas presidenciales incluyó la promulgación, el 30 de mayo de 1983, del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que, con el aval del FMI, sustituyó al PGD de 1980 y supuso una confirmación de la fe en las políticas estatistas y planificadoras como garantes del desarrollo a largo plazo.

La campaña anticorrupción se cobró dos notorias víctimas. A la cabeza, Arturo Durazo Moreno, alias El Negro, el todopoderoso y gansteril jefe de Policía y Tránsito del Distrito Federal entre 1976 y 1982, quien además había sido amigo desde la infancia y hombre de confianza de López Portillo. Durazo vio el final de su imperio personal con el tránsito a la nueva Administración y el 30 de junio de 1984 fue detenido en Puerto Rico por el FBI a requerimiento de las autoridades aztecas, que le procesaron por tráfico de drogas, tenencia de armas, extorsión, homicidio en múltiple grado y otros cargos por delitos presuntamente cometidos durante el sexenio lopezportillista, en el que amasó con escandalosa impunidad una colosal fortuna; extraditado en 1986, El Negro recibió una condena de 16 años de prisión, de los que sólo cumpliría seis.

Mientras la situación interior tendía a estabilizarse, de la Madrid se desenvolvió en la política exterior sobre la base de los principios tradicionales de la diplomacia mexicana, cuales eran la no injerencia en la soberanía nacional de los estados, la defensa de la libre determinación de los pueblos, la defensa de la democracia y el respeto de los Derechos Humanos, la confianza en la solución pacífica de los conflictos y la promoción de la cooperación entre las naciones en el sentido más amplio. Las administraciones de Echeverría y López Portillo habían jugado a fondo la carta de la independencia nacional en política exterior, y la singular posición del país norteamericano, que tenía el estatuto de observador en el Movimiento de los No Alineados, había permitido a México explorar unos interesantes cauces de diálogo entre el Norte y el Sur.

De la Madrid y sus colegas situaron los conflictos armados que afligían la región en sus contextos autóctonos, caracterizados por profundas fracturas políticas, sociales y económicas, y rechazaron como simplista la visión de Estados Unidos, que los inscribía en la dialéctica global de la Guerra Fría y en el plano de confrontación Este-Oeste: para la Administración de Ronald Reagan, las guerrillas triunfantes en Nicaragua e insurgentes en El Salvador y Guatemala eran sobre todo expresiones del expansionismo comunista soviético en esta parte del mundo. Washington encontraba particularmente repudiable la actitud de México hacia el régimen sandinista de Managua, que le parecía complaciente, si no amparadora, a pesar de los fuertes déficits democráticos de la Junta de Gobierno que había derrocado a la dictadura somocista. Los trabajos del Grupo de Contadora resultaron instrumentales para el arranque, tras la adopción de los Acuerdos de Esquipulas II (agosto de 1987), que se basaban en el proyecto de paz firme y duradera en Centroamérica elaborado por el presidente costarricense Óscar Arias, de procesos de paz civil y reconciliación nacional en todos los países citados. Si los esfuerzos fructificaban, Centroamérica debería quedar libre de los asfixiantes niveles de violencia política, tras décadas de represión, insurgencia y guerra sucia, y muchos miles de muertos, en las postrimerías de los ochenta.