un poco de historia

Presidencia: 1 diciembre 1982 - 1 diciembre 1988.

Partido político: Partido Revolucionario Institucional (PRI)

El 1 de diciembre de 1982 de la Madrid tomó posesión del cargo con mandato hasta 1988, en un momento de "emergencia" económica, según la expresión que él mismo empleó. Así, el hundimiento en junio de 1981 de los precios internacionales del petróleo, con mucha diferencia el primer producto de exportación de México, debido a una saturación de la oferta en los mercados, había repercutido inmediatamente en toda la estructura productiva y financiera nacional, y reventado el engañoso auge desarrollista de los últimos años (merecedor en su momento del ditirambo de "milagro mexicano"), que basaba la industrialización en el endeudamiento. Para apagar las luces rojas en todas las cuentas públicas, detener la escalada de los precios y atajar la evaporación de las reservas de divisas, López Portillo había optado por ampliar el control estatal sobre la economía de tipo mixto mediante la nacionalización de la banca privada (1 de septiembre de 1982) y la implantación del control de cambios antes de fijar un tipo devaluado del peso.  El flamante mandatario mantuvo por el momento el intervencionismo financiero y monetario, y anunció un plan anticrisis de diez puntos que incidía en la austeridad y la recuperación de la liquidez, y que postergaba la recuperación de la inversión, el consumo y el crecimiento. En líneas generales, dicho plan consistió en recortes en el gasto público, inversiones selectivas en actividades productivas y creadoras de empleo, subidas de los tipos de interés con el objeto de atraer los capitales financieros, alzas impositivas y tarifarias, y eliminación de subvenciones a productos básicos de la cesta de la compra. Sin embargo, por talante personal y por su análisis del problema, en la actuación de De la Madrid asomaron discrepancias con algunos de los grandes rasgos característicos de la etapa lopezportillista. Una temprana y vigorosa depreciación del peso con respecto al dólar se interpretó como el primer paso para el levantamiento del control de cambios en el mercado monetario, y el presidente, aunque aseguró que la nacionalización y la reestructuración del sistema bancario eran irreversibles, solicitó al Congreso la apertura al capital privado de un tercio de los activos de la veintena de entidades a que la reforma había dado lugar. 

En añadidura, de la Madrid lanzó una campaña de moralización en la administración pública que incluyó reformas legales para fiscalizar y perseguir a los funcionarios corruptos. También, retomó el diálogo con los acreedores internacionales para rescalonar el servicio de la deuda y obtener un empréstito de 5.300 millones de dólares; a cambio, el Gobierno sistematizó sus medidas de ajuste con el denominado Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE), presentado en enero de 1983. La cascada de iniciativas presidenciales incluyó la promulgación, el 30 de mayo de 1983, del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que, con el aval del FMI, sustituyó al PGD de 1980 y supuso una confirmación de la fe en las políticas estatistas y planificadoras como garantes del desarrollo a largo plazo.

La campaña anticorrupción se cobró dos notorias víctimas. A la cabeza, Arturo Durazo Moreno, alias El Negro, el todopoderoso y gansteril jefe de Policía y Tránsito del Distrito Federal entre 1976 y 1982, quien además había sido amigo desde la infancia y hombre de confianza de López Portillo. Durazo vio el final de su imperio personal con el tránsito a la nueva Administración y el 30 de junio de 1984 fue detenido en Puerto Rico por el FBI a requerimiento de las autoridades aztecas, que le procesaron por tráfico de drogas, tenencia de armas, extorsión, homicidio en múltiple grado y otros cargos por delitos presuntamente cometidos durante el sexenio lopezportillista, en el que amasó con escandalosa impunidad una colosal fortuna; extraditado en 1986, El Negro recibió una condena de 16 años de prisión, de los que sólo cumpliría seis.

Mientras la situación interior tendía a estabilizarse, de la Madrid se desenvolvió en la política exterior sobre la base de los principios tradicionales de la diplomacia mexicana, cuales eran la no injerencia en la soberanía nacional de los estados, la defensa de la libre determinación de los pueblos, la defensa de la democracia y el respeto de los Derechos Humanos, la confianza en la solución pacífica de los conflictos y la promoción de la cooperación entre las naciones en el sentido más amplio. Las administraciones de Echeverría y López Portillo habían jugado a fondo la carta de la independencia nacional en política exterior, y la singular posición del país norteamericano, que tenía el estatuto de observador en el Movimiento de los No Alineados, había permitido a México explorar unos interesantes cauces de diálogo entre el Norte y el Sur.

De la Madrid y sus colegas situaron los conflictos armados que afligían la región en sus contextos autóctonos, caracterizados por profundas fracturas políticas, sociales y económicas, y rechazaron como simplista la visión de Estados Unidos, que los inscribía en la dialéctica global de la Guerra Fría y en el plano de confrontación Este-Oeste: para la Administración de Ronald Reagan, las guerrillas triunfantes en Nicaragua e insurgentes en El Salvador y Guatemala eran sobre todo expresiones del expansionismo comunista soviético en esta parte del mundo. Washington encontraba particularmente repudiable la actitud de México hacia el régimen sandinista de Managua, que le parecía complaciente, si no amparadora, a pesar de los fuertes déficits democráticos de la Junta de Gobierno que había derrocado a la dictadura somocista. Los trabajos del Grupo de Contadora resultaron instrumentales para el arranque, tras la adopción de los Acuerdos de Esquipulas II (agosto de 1987), que se basaban en el proyecto de paz firme y duradera en Centroamérica elaborado por el presidente costarricense Óscar Arias, de procesos de paz civil y reconciliación nacional en todos los países citados. Si los esfuerzos fructificaban, Centroamérica debería quedar libre de los asfixiantes niveles de violencia política, tras décadas de represión, insurgencia y guerra sucia, y muchos miles de muertos, en las postrimerías de los ochenta.

Período de gobierno: 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994 

Partido político al que pertenece: Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

Salinas impulsó la cooperación comercial con los países vecinos. Con los del sur, Colombia y Venezuela, suscribió un acuerdo en 1989 para constituir a corto plazo una zona de libre comercio; también con los gobiernos centroamericanos estudió la viabilidad de establecer un área comercial libre en la zona y, finalmente, con los vecinos del norte, EE.UU y Canadá, anunció en 1991 el inicio de conversaciones con idéntico objetivo. El proceso negociador fraguó en diciembre de 1992 con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC), que entró en vigor el 1 de enero de 1994 y estableció un mercado común en los estados de América del Norte.

Durante su sexenio, se dieron importantes cambios económicos, entre ellos firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, privatización masiva de empresas estatales, incluida la banca; la implementación del Programa Nacional de Solidaridad y el aumento de desigualdad en el país. Además se restauraron las relaciones Iglesia-Estado y se establecieron relaciones diplomáticas con la Santa Sede.

La noche de la elección de 1988, los datos que liberaba la Comisión Federal Electoral por medio del secretario de Gobernación Manuel Bartlett Díaz se interrumpieron en el sistema de cómputo. A las 20:00 horas del mismo día, se presentaron en la sede de la Secretaría de Gobernación los candidatos Manuel Clouthier, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Rosario Ibarra denunciando la ilegalidad del proceso. En los días posteriores a la elección se realizaron diversas manifestaciones que expresaban el descontento por la manera en que se llevó a cabo la elección.

El resultado oficial fue 50 por ciento para Carlos Salinas, 31 por ciento para Cuauhtémoc Cárdenas y 17 por ciento para Manuel J. Clouthier. El Colegio Electoral de la Cámara de Diputados declaró la validez y legitimidad de las elecciones y a Carlos Salinas como presidente constitucional el 10 de septiembre de 1988. La declaratoria fue publicada el 13 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación. Esta fue la última elección presidencial calificada por el Poder Legislativo.

En 1982 el pago anual de intereses de la deuda externa era de 14,000 millones de dólares, entre 1983 y 1988 se destinó casi el 7 por ciento del PIB para su pago, el monto de lo destinado era casi el equivalente a lo destinado en salud y educación para todo el país, para inicio del sexenio de Salinas el monto de la deuda era del 45 por ciento del PIB, lo cual hacia necesario una reducción de esta deuda para lograr un crecimiento económico. Después de casi cuatro años de largas negociaciones con el FMI, con políticos de Estados Unidos, mandatarios de países como Francia, Alemania, Canadá, Japón, Gran Bretaña y de otros países y con bancos comerciales en 1992, se llegó a un acuerdo y se logró una reducción de más de 7,000 millones de dólares. Debido a este logro, la deuda se disminuyó a 20,000 millones de dólares, la deuda total (externa e interna) descendió de 63 por ciento del PIB en 1988 a 22 por ciento en 1994, y los pagos de intereses pasaron de 17 por ciento del PIB a 9.8 por ciento en 1994.

 Período de Gobierno: 1 de diciembre de 2000 al 30 de noviembre del 2006 

Partido político al que pertenece: Partido Acción Nacional 

Como presidente, siguió principalmente las políticas económicas neoliberales que sus antecesores del PRI habían adoptado desde fines de los años ochenta. La primera mitad de su administración vio un nuevo cambio del gobierno federal a la derecha, fuertes relaciones con los Estados Unidos y George W. Bush, intentos fallidos de aplicar un impuesto al valor agregado a los medicamentos, construir un aeropuerto en Texcoco, y un importante conflicto diplomático con el    líder cubano Fidel Castro.

tuvo conflictos diplomáticos con Venezuela y Bolivia luego de apoyar la creación del Área de Libre Comercio de las Américas, a la que se opusieron esos dos países.

se le acreditó a Fox el mantenimiento del crecimiento económico durante su administración y la reducción de la tasa de pobreza del 43.7% en 2000 al 35.6% en 2006. Creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) para investigar los crímenes y las violaciones a los derechos humanos comeditos por gobiernos antecesores, en particular la guerra sucia en México entre los años 1960 y 80 del siglo pasado. 

Vicente Fox es el presidente de México que más se ha pronunciado por lograr un acuerdo migratorio entre Estados Unidos y México, convirtiendo este tema durante su sexenio en eje principal en sus encuentros con el presidente de Estados Unidos George W BushDesde el inicio de su mandato se habían iniciado pláticas en Estados Unidos para lograr una reforma migratoria; sin embargo, los ataques terroristas del 11 de septiembre congelaron toda posibilidad de llegar a un acuerdo. A lo largo de su sexenio, Vicente Fox buscó a una reforma migratoria de los Estados Unidos que nunca se concretó,            debido a la oposición de diversos grupos en el Congreso y en el senado norteamericano. Bajo esta reforma debería existir una migración controlada a través de un plan de trabajadores temporales, y los migrantes ilegales con más de 5 años en los Estados Unidos deberían ser legalizados.

Presidencia: 1 diciembre 1994 - 1 diciembre 2000 

Partido político: Partido Revolucionario Institucional (PRI)

En enero de 1992 Salinas le puso al frente de la Secretaría de Educación Pública, donde emprendió una profunda reforma de la educación preescolar, primaria y secundaria que quedó plasmada en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), presentado a la opinión pública en el mes de mayo. En noviembre de 1993 el designado candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, con quien compartía una visión democratizadora del sistema político, nombró a Zedillo coordinador general de su precampaña electoral. Colosio fue asesinado el 23 de marzo de 1994 durante un mitin en Tijuana y seis días después, con el país conmocionado por el magnicidio, el PRI se decantó por Zedillo como el nuevo postulante del oficialismo. Hombre con una imagen de servidor público competente, inteligente y honesto, pero un tanto gris y sin gancho, su ubicación en los círculos de Colosio y Salinas se interpretó entonces como una garantía para la continuidad de las reformas impulsadas durante el sexenio que tocaba a su fin.

El 1 de diciembre de 1994 Zedillo inauguró su mandato sexenal como, según opinaban casi todos los observadores nacionales y extranjeros, el primer presidente del PRI elegido sin el concurso decisivo de los tradicionales procedimientos de fraude. Aunque la legitimidad democrática de Zedillo no se cuestionaba, era imposible ignorar la detección del largo brazo de la maquinaria priísta, como el uso proselitista de recursos públicos, el empleo abusivo de los medios de comunicación y la inducción al voto a cambio de estipendios en los ámbitos clientelistas. Ahora bien, el PRI de 1994 ya no era el partido hegemónico que durante más de medio siglo había manejado los mecanismos representativos de la democracia formal a su capricho; tal condición había empezado a cambiar en las elecciones de 1988, y ahora el PRI debía conformarse con ser sólo un partido predominante o mayoritario.

El 19 de diciembre Zedillo no había cumplido su tercera semana de trabajo en la Residencia Oficial de Los Pinos cuando le salió al paso una de las sorpresas más desagradables nunca encajadas por un presidente recién inaugurado en cualquier país del mundo, aunque los nubarrones que presagiaban la tormenta ya llevaban un tiempo desprendiendo chispas. Aquel día, advertido por BANXICO de que las reservas de dólares se estaban agotando a toda velocidad en el vano intento de sostener al sobrevalorado peso, objeto de agresiones en el mercado cambiario, el presidente aprobó una devaluación monetaria del 15% que sin embargo fue invalidada de inmediato por la dinámica del mercado libre. Lo que se reveló, en toda su crudeza, fue una gravísima crisis financiera provocada por el embarque masivo de capitales especulativos, iniciado tras el asesinato de Colosio y acelerado en las últimas semanas, que totalizó los 24.000 millones de dólares. El peso, puesto en flotación el día 22, cayó en barrena y hasta el final de año perdió el 60% de su valor, convulsionando los mercados internacionales -el popularmente conocido como efecto tequila- y situando al sistema financiero mexicano al borde de la quiebra.

La catástrofe pudo ser evitada gracias a un apresurado plan de salvamento internacional, el cual, coordinado por el FMI y capitaneado por el Tesoro de Estados Unidos, inyectó desde el 21 de febrero 51.000 millones de dólares a cambio de un drástico plan de austeridad consistente en la subida de los impuestos indirectos y las tarifas de los servicios públicos, así como la contención de los salarios por debajo de los nuevos precios. La condición más extrema y dolorosa que le impuso Washington al Estado mexicano a cambio de la gigantesca contingencia crediticia fue el depósito como garantía de pago en un banco estadounidense de los 7.000 millones de dólares ingresados anualmente por las ventas petroleras, toda una hipoteca sobre el florón de la producción nacional.

El sistema financiero volvió a estabilizarse, pero 1995 lo cerró México con una recesión económica del -6,9% del PIB y una tasa de inflación del 52%. Además, la restauración del orden financiero condujo a la destrucción o la subcontratación de millones de puestos de trabajo, a una pérdida masiva de poder adquisitivo de la población y al crecimiento de las rentas más elevadas. Con un 40% de la población por debajo del umbral de la pobreza y al menos otro 25% en sus límites, México acentuó su condición como uno de los países con más desigualdades sociales de América Latina. Claro que el presidente, combinando deseos de solvencia y prurito nacionalista, dispuso lo necesario para lograr la rápida y completa amortización del préstamo de emergencia: el último tramo, intereses incluidos, fue reembolsado el 15 de enero de 1997, tres años antes del plazo establecido 

La crisis interna de la formación nacida en 1929 con el nombre de Partido Nacional Revolucionario, iniciada con las convulsiones del período salinista (debate ideológico en torno al modelo económico liberal, resistencias de los sectores tradicionalistas, alzamiento indígena en Chiapas desde el 1 de enero de 1994, magnicidios de Colosio y Ruiz Massieu) y prolongada desde que Zedillo dejara claro que no estaba dispuesto a gobernar bajo presiones, se vio agravada con motivo de las elecciones legislativas federales y estatales del 6 de julio de 1997, las primeras celebradas bajo la nueva normativa. En aquella ocasión, por primera vez en su historia, el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados con el 38,8% de los votos y 239 escaños, 59 menos que en la legislatura anterior, así como los gobiernos de Querétaro y Nuevo León, que pasaron a manos del PAN y que se sumaron a los que la agrupación derechista ya poseía en Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Baja California.

El oficialismo se aseguró, con 76 escaños, la mayoría absoluta en el Senado, pero perdió la mayoría de dos tercios necesaria para aprobar modificaciones constitucionales sin apoyos externos. El gran vencedor de la jornada fue el PRD, cuyo líder, Cárdenas, arrasó con el 47,6% de los votos en las primeras elecciones a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal, centro de poder muy importante por el peso demográfico, político y económico de la capital. Zedillo, confrontado a esta insólita cohabitación en la Ciudad de México, se apresuró a felicitar a Cárdenas y añadió que en lo sucesivo "ya nadie podrá tachar al PRI de ser un partido de Estado". Ciertamente, los comicios de 1997 permitieron apreciar la articulación de un nuevo sistema en el que la competitividad partidista era real y lo que antaño era inimaginable, la alternancia en el poder federal, un supuesto posible.
Para compensar la creciente dependencia económica de Estados Unidos, el Gobierno de Zedillo prosiguió con el hilvanado de una red de tratados de libre comercio (TLC) bilaterales. El Acuerdo de Complementación Económica suscrito con Chile en septiembre de 1991 dio paso el 17 de abril de 1998 a un TLC que entró en vigor el 1 de agosto de 1999; el 1 de enero de 1995 entraron en vigor los TLC adoptados con Costa Rica el 5 de abril de 1994 y con Bolivia el 10 de septiembre siguiente, y el 1 de julio de 1998 le tocó el turno al establecido con Nicaragua; mientras tanto, continuaron las negociaciones con Panamá, Perú, Ecuador y, ya en el plano multilateral, con Honduras, Guatemala y El Salvador. Con estos tres países, que forman el denominado Triángulo Norte Centroamericano, México adoptó el consiguiente TLC el 29 de junio de 2000, que para el país norteamericano no iba a entrar en vigor hasta el 14 de marzo de 2001.

Estos tratados bilaterales, que se sumaron al alcanzado en el seno del G-3 (con Colombia y Venezuela) en septiembre de 1990 y cuya aplicación comenzó el 1 de enero de 1995, subrayaron la diversificación de los tratos comerciales mexicanos, si bien su importancia real era relativa (menos, tal vez, los firmados con Chile y el G-3), dado que el volumen del comercio del país con el conjunto de América Latina era mínimo, no superando el 5% del total de sus intercambios. Además, sus ventajas arancelarias iban a ser subsumidas en procesos multilaterales de mayor alcance, cuando entraran en servicio el área de libre comercio entre el G-3 con Centroamérica, en 2003, y el Área de Libre Comercio de Las Américas (ALCA), que afectaba a todo el continente y cuya fecha de arranque era 2005.

En una línea de verdadero diálogo político se inscribió el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE), firmado por Zedillo en Lisboa el 23 de marzo de 2000. Aprobado el 24 de noviembre de 1999 y tratándose de hecho del capítulo comercial del más ambicioso Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación -firmado el 8 de diciembre de 1997 y en vigor el 1 de octubre de 2000-, el documento de Lisboa pronosticaba siete años de trabajos hasta completar el desarme arancelario: éste comenzaba el 1 de julio de 2000 y debía culminar en 2003 por lo que respectaba a la UE y en 2007 en el caso de México.

Las elecciones Presidenciales de julio de 2006 ha sido una de las más controvertidas y reñidas en la historia de México, además de haber sido la primera elección en la que el PRI finalizó la jornada en tercera posición y fue también cuando ganó para la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) donde surgió una molestia e inconformidad entre los simpatizantes del candidato de oposición (en ese caso los de Andrés Manuel López Obrador), quien llamó a organizar manifestaciones en varias partes del país, principalmente en la Ciudad de México. Aumento de la pobreza en México durante su mandato Según el informe oficial anual; “Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2012”, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

Presentado el 15 de septiembre de 2012, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa se incrementó la pobreza en México, pues según las cifras oficiales que se detallan en este informe a partir del año 2008, la población mexicana que se encontraba en una situación de pobreza era equivalente al 44.5 por ciento de la población nacional; mientras que para 2010, aumentó a 46.2 por ciento, esto es considerando que en el 2008 había 48 millones 838 mil mexicanos en esta situación; y dos años después estaban en esta circunstancia, 51 millones 993 mil, personas, esto es, tres millones 155 mil personas más a las filas de los grupos poblacionales bajo esta situación socio-económica. En el rubro de la "pobreza medida únicamente por ingresos" —que fue la medición oficial hasta 2008— en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, se sumó a 15.9 millones de mexicanos a la pobreza, ya que según datos oficiales, en el año 2006 había 45.5 millones de personas en situación de pobreza, medida en este rubro, y para 2012 se llegó a 61.4 millones, esto es, 52.3 por ciento de la población

Se acumularon reservas internacionales hasta por 159.8 mil millones de dólares, así como una Línea de Crédito Flexible contratada desde enero del 2011 con el Fondo Monetario Internacional hasta por 73 mil millones de dólares. Se sustituyó el Impuesto al Activo IMPAC, con el Impuesto Empresarial a tasa única IETU, así como el Impuesto a los Depósitos en Efectivo IDE. así también se amplió la base de contribuyentes, la cual pasó de 23.9 millones en el 2007 a 37.5 millones de 2012.

Presidencia: 20 de junio de 2014-3 de julio de 2015 

Partido político: Partido Revolucionario Institucional

Pacto por México

Firma del Pacto por México por el presidente Enrique Peña Nieto.

Artículo principal: Pacto por México

Véanse también: Reforma educativa (México) y Reforma en telecomunicaciones (México).

Al día siguiente de comenzar su sexenio, el presidente Peña Nieto participó en la firma del acuerdo llamado "Pacto por México" entre presidencia de la República y los tres principales partidos mexicanos: PRI, PAN y PRD. Las negociaciones para alcanzar dicho pacto se llevaron a cabo desde octubre de 2012 encabezadas por el equipo de transición del presidente electo y representantes de los partidos políticos. Hacia finales de noviembre se acordó un texto definitivo para los acuerdos, firmándose en el Castillo de Chapultepec el 2 de diciembre de 2012, signando el presidente y los presidentes de los partidos: Jesús Zambrano Grijalva, María Cristina Díaz Salazar y Gustavo Madero Muñoz.

El pacto está dividido en cinco secciones que enumeran el tipo de acuerdos tomados en cada uno: 1) Acuerdos por una sociedad de derechos y libertades; 2) Acuerdos para el crecimiento económico, empleo y competitividad; 3) Acuerdos para la seguridad y la justicia: 4) Acuerdos para la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción; y 5) Acuerdos para la Gobernabilidad Democrática.

Entre los acuerdos tomados se encuentran diversos temas de la agenda política mexicana como reformas constitucionales y a diversas leyes federales e instituciones públicas, así como la creación de nuevas leyes que regulen temas hasta ahora ignorados o deficientemente legislados. Uno de los primeros acuerdos en llevarse a la práctica fue la reforma educativa cuya iniciativa que fue presentada el 10 de diciembre y tras pasar por ambas cámaras fue aprobada finalmente el 6 de febrero de 2013. Fue promulgada el 25 de febrero de 2013.

Otro aspecto de este pacto es la reforma en telecomunicaciones que durante abril de 2013 fue aprobada por el Congreso de la Unión, cuya existencia se justifica bajo la propuesta de incluir a México en la era digital y el fomento a la competencia económica en materia de telecomunicaciones. Fue promulgada el 10 de junio de 2013

Política económica

Reforma financiera

Artículo principal: Reforma financiera (México)

El 9 de enero de 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma financiera con la que se busca dar un impulso al sector bancario y de ahorro en México. Con ella se reformaron 34 ordenamientos jurídicos en materia financiera. La reforma tiene como objetivos fomentar el crédito a través de la Banca de Desarrollo; incrementar la competencia en el sector financiero; ampliar el crédito de las instituciones financieras privadas; y asegurar la solidez y prudencia del sector financiero en su conjunto. Se crea un Buró de Entidades Financieras en la CONDUSEF para registrar públicamente las quejas que reciban esas entidades. Se simplifican los trámites para el otorgamiento y ejecución de garantías bancarias. Se crea el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero. Se prohíbe a los bancos vender productos financieros condicionados a la compra de otros diferentes. Se crea un Sistema Arbitral en Materia Financiera para resolver conflictos entre usuarios y bancos. Se amplían las facultades de la CONDUSEF para poder exigir mayor información a las entidades financieras. Se reforman diversas disposiciones sobre el procedimiento de concurso mercantil para darle mayor confiabilidad.⁹¹

Reforma energética

Artículo principal: Reforma energética (México)

El 12 de agosto de 2013 la presidencia de la República presentó al Congreso de la Unión la iniciativa de reformas en materia de hidrocarburos e industria energética, que a diferencia de otras reformas ha encontrado más oposición por parte de los restantes partidos políticos que conforman las Cámaras especialmente por los de izquierda.

En materia de petróleo e hidrocarburos, la reforma propone abrir la posibilidad de la inversión extranjera en tal industria dominada actualmente por PEMEX mediante contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, e igualmente cambiaría el texto del artículo 28 constitucional para permitir a capitales privados la participación en algunas actividades del proceso industrial el petróleo. En materia de electricidad la propuesta también prevé la participación del mercado privado en dicha industria energética a la par de la intervención de la Comisión Federal de Electricidad, especialmente en lo respectivo a energías renovables

La acción militar de enero de 1994 coincidió con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), firmado por México, Estados Unidos y Canadá. Más tarde declararon los integrantes del EZLN, que era su manera de decir aún estamos aquí en mitad de la globalización. Con la firma de este acuerdo comercial, los indígenas de Chiapas, México, en consecuencia, perderían los derechos sobre sus tierras. Esto provocaría en sus comunidades aún más pobreza de la que ya sufrieron, y la posibilidad de dejarlos sin ningún tipo de empleo. Así, ellos se unieron y se rebelaron. Los sublevados, tapados con pasamontañas, comenzaron un levantamiento e intentaron tomar 7 cabeceras municipales por pocas horas, otras como en el caso de Ocosingo por dos días, estas fueron: San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo, Chanal, es en este punto cuando hacen la llamada declaración de la Selva Lacandona.

En San Cristóbal de las Casas, el 1 de enero de 1994, los rebeldes entraron a la cabecera municipal. Mientras, Ocosingo fue sitiada por neozapatistas desde las 6:00 a.m, siguiendo el mismo procedimiento que en San Cristóbal de las Casas. En San Cristóbal de las Casas los zapatistas lanzan un comunicado. Los Neozapatistas declaran oficialmente la guerra al Gobierno de México y anuncian sus planes de dirigirse hacia la capital. En los combates el "EZLN" toma como prisionero de guerra a un exgobernador de Chiapas, el general Absalón Castellanos Domínguez. Al dejar la ciudad y dirigirse al cuartel de Rancho Nuevo, comienza un enfrentamiento que termina con el repliegue de las fuerzas rebeldes.

Durante muchos años, desconocidos para el resto del mundo, los pueblos indígenas de Chiapas fueron dando mala tierra de granja y vivieron en la pobreza. El levantamiento Zapatista se produjo porque la gente se dio cuenta de que merecían democracia, justicia, dignidad y la libertad de las limitaciones socio-económicas que el gobierno colocó en ellos. Pronto se dieron cuenta de que la mejor manera de hacer esto, era crear conciencia en el resto del mundo frente a su indignante situación. El levantamiento comenzó inicialmente como guerrilla violenta, pero pronto el Ejército Zapatista se dio cuenta de que con sus guerrilleros inexpertos y sin financiación no eran rival para el gobierno mexicano y su ejército. Se dieron cuenta que la única manera para luchar, era por medio de las palabras. En la declaración de un alto el fuego, el Ejército Zapatista comenzó campañas en internet, simplemente para involucrar al resto del mundo. Esta campaña de internet fue benéfica a su causa por muchas razones. Anteriormente, cualquier información que estaba saliendo con el resto del mundo se filtró desde el gobierno y por supuesto, era anti-zapatista. Pero el internet permitió a estas personas explicar su situación sin prejuicios, y así su causa se extiende por todo el mundo. Pronto todos los ojos estaban viendo este levantamiento en México. Con el resto del mundo mirando ganaron influencia política sobre el gobierno mexicano. Los Zapatistas aprovechan del internet para mantener viva su causa para que la gente no se olvide las malas condiciones de vida de los pueblos indígenas 

Los primeros enfrentamientos entre el EZLN y el gobierno se dan en la catedral de San Cristóbal de las Casas. El diálogo con el gobierno se extendió durante un período de tres años y acabó con la firma de los Acuerdos de San Andrés, que incluía modificar la constitución nacional para otorgar derechos, incluyendo autonomía, a los pueblos indígenas. Una comisión de diputados de partidos políticos, llamada Comisión para la Concordia y Pacificación (COCOPA) modificó ligeramente los acuerdos con la aceptación del EZLN.

El presidente de México de entonces, Ernesto Zedillo Ponce De León, sin embargo, dijo que el Congreso tendría que decidir si lo aprobaba o no, negándose a enviar la iniciativa tal cual, a la cámara de diputados. Afirmando que se habían violado los acuerdos de la mesa de negociaciones. El EZLN volvió a las montañas, donde Zedillo aumentó la presencia militar en Chiapas para evitar que se extendiera la zona de influencia de éste. Una tregua no oficial acompañó el silencio del Ejército Zapatista de Liberación Nacional durante los siguientes tres años, los últimos del mandato de Zedillo.

Asesinato del ovispo 

El 24 de mayo de 1993 fue asesinado a plena luz del día en el

estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Los abogados       del arquidiócesis lo consideraban un crimen de estado, lo que respaldó el médico forense Mario Rivas Souza, quien reveló que no se le practicó la autopsia al cadáver por orden escrita del presidente Carlos Salinas de Gortari. Salinas de Gortari modificó la Constitución y restableció relaciones   con la Santa Sede, rotas desde 1858. El Cardenal Posadas fue asesinado cuando iba al aeropuerto a recoger al Nuncio Apostólico Girolamo Prigione con quien iba a celebrar por primera vez la fiesta litúrgica de "Cristóbal Magallanes y sus compañeros mártires", beatificados seis meses antes.

La Procuraduría General mexicana había sostenido que el cardenal Posadas fue víctima de fuego cruzado entre narcotraficantes rivales, uno de los bandos intentando matar al líder del bando contrario «Chapo» Guzmán. La Procuraduría General de la República, conjuntamente con el Gobierno del Estado de Jalisco y la Iglesia Católica mexicana concluyeron el 24 de mayo de 1999 que el Cardenal Posadas no murió como fruto de tal "confusión", sino que fue acribillado en el acto de bajar de su automóvil, por lo que pudo ser fácilmente identificable por su asesino.

Asesinato de Ruiz Masseui 

La mañana del 28 de septiembre de 1994, a las 9:32 a.m. recibió un impacto de bala. Antes de esto, Ruiz Massieu había asistido a una reunión junto a 180 diputados electos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) llevado a cabo en el Hotel Casa Blanca, ubicado en la calle de La Fragua (a un lado del monumento a la Revolución) de la capital mexicana. Tras dicho encuentro, Ruiz Massieu intentó abordar su automóvil y un joven de 28 años de edad de nombre Daniel Aguilar Treviño, originario del estado de Tamaulipas, le disparó en el cuello. Tras dicho atentado fue trasladado a una clínica privada, llegando aún con vida. La herida de bala en el cuello provocó una pérdida masiva de sangre causando su fallecimiento una hora después de su llegada al hospital. Aguilar Treviño fue detenido por elementos de seguridad tras una breve persecución. El cómplice de Aguilar Treviño resultó ser un primo suyo de nombre Carlos Ángel Cantú Narváez. Este último también fue detenido, aunque no estaba presente en la escena del crimen, pero a pesar de ello, hubo pruebas y cargos en su contra.

Ambos cómplices cumplen una sentencia de 50 años en prisión. Esto ocurrió precisamente seis meses después del asesinato del entonces candidato a la presidencia de la República por el mismo partido, Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo de 1994. Al igual que en el caso de Colosio, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari nuevamente fue cuestionado por este hecho.

Asesinato de Luis Donaldo Colosio 

La muerte de Colosio se considera el primer magnicidio cometido en México desde el asesinato de Álvaro Obregón del 17 de julio de 1928.[2] Por el   enrarecido ambiente político en el que sucedió, además de los errores, omisiones y desatinos que se cometieron en el curso de la investigación, este caso generó grandes sospechas e incredulidad entre la población. La opinión popular que prevalece es que se trató de un complot orquestado y dirigido en el seno del propio PRI, ordenado directamente por el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, a través de su jefe de asesores, José

María Córdoba Montoya. Sin embargo, el último fiscal del caso, Luis Raúl González Pérez, estableció que no existen evidencias sólidas para señalar a nadie más que Mario Aburto Martínez como único autor intelectual y ejecutor del crimen, y por ello el gobierno considera cerrado el caso desde el año 2000.

La matanza de 45 indígenas en Acteal, Chiapas, ocurrida el 22 de diciembre de 1997, fue consecuencia de la política oficial seguida para castigar y desarticular a los indígenas de San Pedro Chenalhó que adoptaron el camino de la resistencia y la construcción de un gobierno propio.

Documentar el papel de las instituciones del Estado en esa región en la escalada de violencia en Chenalhó, permite entender la responsabilidad oficial en la masacre, perpetrada por paramilitares, protegidos y armados por autoridades civiles y militares.

El crimen de Acteal fue parte de una guerra no declarada pero organizada por el Consejo de Seguridad Pública Estatal, en el que participaban dependencias federales y estatales. Bajo una lógica militar ahí se decidían programas e inversiones en las zonas indígenas.

El gobierno alentaba o creaba artificialmente conflictos de tierra, políticos o religiosos para enfrentar a las comunidades y así justificar la intervención militar.

El consejo, dirigido en los hechos por la Séptima Región Militar, bajo el mando del general Mario Renán Castillo, creó en septiembre de 1997 los comités de seguridad pública en las comunidades de Chenalhó, integrados con los miembros de los grupos armados antizapatistas.

Protegidos por la policía estatal y por el Ejército, estos comités establecieron un régimen de terror, al tiempo que promovían los programas y repartían la ayuda estatal y federal.

El experimento paramilitar comenzó en la zona norte en 1995, con Paz y Justicia, luego se exportó a los Altos y a la selva.

El secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad, Jorge Hernández Aguilar, además de borrar las huellas de la masacre de Acteal, encabezó múltiples ataques a pueblos zapatistas. Incluso disparó desde un helicóptero en San Pedro Nixtalucum, en marzo de 1997. De esta manera, el gobierno “construía” la paz en Chiapas, sembrando polarización social y terror.

El gobierno de Julio César Ruiz Ferro reforzó esta política para cooptar o desmantelar a las organizaciones opositoras. Los programas sociales de salud, educación, vivienda y servicios públicos se subordinaron al objetivo de ganar la guerra de desgaste contra las comunidades zapatistas.

Por ejemplo, el representante de la Secretaría de Atención a los Pueblos Indígenas (Seapi) en el Consejo de Seguridad era Pedro de Meza, abogado del grupo paramilitar Los Chinchulines, del municipio de Chilón y brazo político del director de Seapi, Antonio Pérez Hernández, cacique de Chenalhó.

Desde mayo de 1997, con la violencia en Yaxemel y los primeros refugiados, se inician el tráfico de armas y los campos de entrenamiento. Entre septiembre y diciembre, los paramilitares lanzaron varios ataques armados contra simpatizantes zapatistas, que se defendieron en Majomut y Chimix. Curiosamente, la policía estableció campamentos en esos pueblos después de los ataques. Tras la violencia en Chimix, en octubre, donde quemaron y saquearon casas, una partida militar detuvo a los priístas con rifles AK-47 en la mano; el capitán Germán Parra los liberó por ser del PRI.

El consejo, inteligencia militar y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional presentaban informes, diagnósticos y propuestas sobre las distintas regiones de la zona de conflicto. Coincidentemente, surge el MIRA (Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista), una especie de federación de grupos paramilitares que operan en varias regiones del estado con la anuencia de funcionarios y militares.

En la región de los Altos, la Seapi se encargó de promover la contrainsurgencia. Su programa de construcción de vivienda sirvió para elaborar listas en las comunidades y marcar las viviendas, antes de los ataques paramilitares.

La Masacre de Aguas Blancas fue un crimen de Estado ocurrido el 28 de junio de 1995 cometido por la policía del estado mexicano de Guerrero en el vado de Aguas Blancas (municipio de Coyuca de Benítez, región de la Costa Grande). 

 17 campesinos fueron asesinados y 23 más heridos por la policía de Guerrero , entidad ubicada al sur de México, para impedir su asistencia a un mitin en un poblado cercano. Hasta el momento no hay un sólo detenido por esa masacre que dejó viudas, huérfanos y la renuncia de un gobernador. 

El 28 de junio de 1995 un grupo de 40 campesinos, integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, salieron muy temprano de sus viviendas para trasladarse en cinco camionetas de carga al mitin de su agrupación, a varios kilómetros, y en el que pedirían al gobierno la presentación con vida de uno de sus miembros detenido.

Sin embargo, cuando circulaban por el vado de Aguas Blancas, comunidad perteneciente a Coyuca de Benítez, municipio colindante con Acapulco, un grupo de al menos 400 policías —de las extintas corporaciones Judiciales y Motorizada— ya los esperaban para emboscarlos.

El resultado fue 17 campesinos muertos y 23 heridos, la mayoría de gravedad.

Los miembros de esa organización campesina afirmaron que los policías que cometieron ese genocidio (como lo llamó la Comisión Nacional de Derechos Humanos) iban al mando del mayor Manuel Moreno González, quien pretendía evitar su llegada al palacio municipal en Atoyac, municipio de la región de la Costa Grande.

De acuerdo con informes de la CNDH, el propio ex gobernador Rubén Figueroa sabía que se llevaría cabo ese mitin por lo que tomó las medidas necesarias.

Otras de las pruebas que se muestran en ese informe de la CNDH es que un día antes de la masacre fueron retirados todos los policías municipales de Atoyac —lugar en donde se haría la protesta— y se avisó en el hospital regional que estuvieran preparados para recibir a los heridos.

La Comisión de Derechos Humanos de México emitió la recomendación 104/95 en la que quedaron detallados los hechos, que en un principio fueron negados por Figueroa y sólo se avocó a destituir a funcionarios de primer nivel.

Finalmente el 12 de marzo de 1996 —con sólo tres años de gobierno—, solicitó licencia al Congreso de Guerrero, y fue sustituido por Ángel Aguirre Rivero como mandatario interino, y quien gobierna de nuevo esta entidad sureña.

A un año de los eventos, el 28 de junio de 1996 hizo su aparición pública el Ejército Popular Revolucionario, organización guerrillera.

Primer ataque

Tras la toma de los últimos tres autobuses en la central camionera de Iguala, cuatro de los autobuses formaron una caravana y debido al denso tránsito vehicular en las calles tomaron rumbo hacia el norte, con el Estrella de Oro 1531 a la cabeza, seguido de los Costa Line 2012 y 2510 en ese orden y finalmente el Estrella de Oro 1568. Iban hacia el anillo periférico de Iguala, para de allí enfilar hacia Ayotzinapa. Ello los haría pasar a una cuadra del festejo del DIF. Sin embargo, alertados por el aviso del chofer, la policía los comenzó a perseguir a tres cuadras de la central camionera, en un intento por impedir que la comitiva se acercase al festejo. El Estrella Roja 3278 salió el último de la estación, con suficiente retraso como para encontrar el tránsito hacia el sur despejado, por lo que enfiló en esa dirección para llegar a la carretera a Chilpancingo.

De acuerdo con declaraciones del fiscal guerrerense, Iñaky Blanco Cabrera, el primer episodio de violencia ocurrió a las 21:30 horas, cuando la policía logró interceptar el paso de los cuatro autobuses encaminados al norte mediante una camioneta que bloqueó su avance en la esquina de las calles Juan N. Álvarez y Periférico Norte. Los alumnos bajaron de los autobuses para intentar empujar fuera del camino la camioneta, y se enfrentaron a los policías, que también llegaban. Cuando el estudiante Aldo Gutiérrez Solano forcejeó y sometió a uno de los policías, agentes de la Policía Municipal de Iguala abrieron fuego contra él, hiriendo gravemente a Gutiérrez Solano y matando a su compañero Daniel Solís Gallardo.

La balacera inicial puso en desbandada a los estudiantes normalistas, varios de los cuales se refugiaron en los espacios entre los autobuses detenidos. Otros más escaparon como pudieron a los alrededores; sin embargo, la policía de Iguala se llevó bajo arresto a la mayoría de los estudiantes que no habían podido bajar de los autobuses. La mayor parte de los arrestados provenía del último autobús en la fila (el Estrella de Oro 1568).

Durante el ataque varios de los estudiantes normalistas lograron comunicarse por teléfono celular con compañeros que se habían quedado en Ayotzinapa. Estos alumnos, enterados de los incidentes, enviaron otro convoy de estudiantes en varias camionetas para recorrer los 126 km de distancia entre Ayotzinapa e Iguala, para ayudar a sus compañeros atacados en Iguala.

Los estudiantes en el autobús Estrella Roja 3278 fueron también alertados por teléfono del primer ataque ocurrido; al enfilar el vehículo hacia el lugar del incidente para auxiliar a sus compañeros atacados, el autobús quedó atascado en medio del tránsito vehicular e interceptado por la policía. Detenido el autobús, los estudiantes fueron obligados a bajar y encañonados con armas de fuego. Confiscado el autobús sin disparar un tiro, la policía en lugar de arrestar a los estudiantes, les permitió huir del lugar por su propio pie

Segundo ataque

El segundo convoy de estudiantes, que llegó alrededor de las 23 horas de la noche del 26, se encontró con algunos de los compañeros que no habían sido llevados por la policía, entre ellos los que bajaron del Estrella Roja 3278. Los estudiantes, acompañados por profesores pertenecientes a la CETEG (Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero), comenzaron a inspeccionar el lugar y a buscar a cualquier otro alumno oculto tras la balacera. Asimismo, daban entrevistas a la prensa que iba llegando por el primer ataque en contra de sus compañeros. Seguían en el lugar alrededor de la medianoche cuando fueron atacados una vez más por un grupo que llegó de repente y que, según testigos presenciales, disparaba ráfagas en su contra. En este ataque fallecieron dos estudiantes más, llamados Julio César Ramírez Nava y Julio César Mondragón Fuentes; mientras que el resto huía en desbandada y se ocultaba en los cerros circundantes o en las azoteas de las casas de Iguala.

Casi al mismo tiempo, a la salida de Iguala, en la autopista a Chilpancingo, otro grupo de policías disparó contra un autobús que transportaba a los integrantes del equipo de fútbol Avispones de Chilpancingo, de la tercera división. El equipo de fútbol no estaba involucrado en los hechos y aparentemente fue confundido por la policía como otro autobús más del convoy de los estudiantes normalistas. Este equipo era de Chilpancingo e iba de regreso a su sede tras un partido como visitante en Iguala.En este ataque perecieron tres personas: David Josué García Evangelista (de 15 años de edad, uno de los futbolistas), Blanca Montiel Sánchez (pasajera de un taxi que pasaba por el lugar) y Víctor Manuel Lugo Ortiz (chofer del autobús que conducía a los jugadores de vuelta a Chilpancingo). El director técnico del equipo resultó herido y fue internado grave

La mañana del día 27 de septiembre elementos del Ejército Mexicano encontraron a las 11 horas el cuerpo de Julio César Mondragón, uno de los normalistas muertos en el segundo ataque. Su rostro había sido desollado.1632Los primeros informes reportaron la desaparición de 57 estudiantes de la Escuela Nacional Rural de Ayotzinapa presuntamente atacados y secuestrados por policías municipales de Iguala. El 30 de septiembre, se informó que 14 de ellos se encontraban salvos en sus casas, mientras que 43 permanecían en calidad de desaparecidos. Ese mismo día, se señaló al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, como presunto autor intelectual de las desapariciones forzadas y como el responsable de dirigir desde un radio a fuerzas policíacas del Estado para proceder con los actos del 26 de septiembre. El 29 de septiembre, Abarca dijo que él había ordenado a la policía no atacar a los normalistas, a quienes acusó de pretender atacar a los invitados que estarían presentes en el segundo informe del DIF municipal, del cual su esposa, María de los Ángeles Pineda, era la presidenta.

La búsqueda de los 43 estudiantes por parte de padres de familia junto con normalistas, que fueron resguardados por elementos de la Fuerza Estatal, inició el mismo 29 de septiembre, intensificando el operativo al buscar posibles cadáveres en fosas comunes. El sábado 4 de octubre se descubrió en los alrededores de Iguala una fosa clandestina con 28 cadáveres sepultados en ella. Eventualmente los análisis forenses dictaminaron que estos cuerpos no correspondían con ninguno de los 43 normalistas desaparecidos ignorándose hasta la fecha la identidad de los cuerpos.

El día 8 de octubre fueron detenidos en Cuernavaca, Morelos, Osvaldo Ríos Sánchez y su hermano Miguel Ángel, sospechosos de haber participado en la desaparición. Los hermanos Ríos Sánchez confesaron su involucramiento y el haber estado bajo las órdenes de Ángel Casarrubias Salgado, uno de los líderes de Guerreros Unidos. Al día siguiente la PGR encontró otras 4 fosas con ocho cadáveres en total en el paraje de La Parota, en la localidad de Pueblo Viejo, Guerrero. Sin embargo, estos hallazgos tampoco correspondían con los 43 normalistas desaparecido

Realmente hay demasiadas repercusiones en la actualidad sobre  los anteriores gobiernos, ya que son duramente criticados, pero nadie se fija en que seguimos de la misma manera manera por que como ya dijimos solo se critica más no se implementan acciones para que esto cambie, y si se hacen o se ponen en acción son silenciadas por el gobierno, se silencia a las personas que hablan de la cruel realidad, sin endulzarla, y esto se debe a que solo quieren que se hable de lo que les conviene, y saben que si el pueblo se levanta en "armas" ellos no tendrían manera de defenderse, por que este es más poderoso, se que somos capaces de terminar con la corrupción, con la inseguridades, con los malos manejos del país, somos capaces de "hacer rodar la cabeza" de quien lo merezca ya que se que las personas están cansadas.

Aunque no se hace por el simple hecho de que la sociedad es cobarde, conformista, solo ve lo que le conviene, se hace de la vista gorda y a costa de su propia seguridad, de que el país se valla por la borda, de que todo por lo que se lucho antes desaparezca; de que la libertad sea un mito y lo digo por que al parecer si hablas, se te silencia, se te calla, si hay una chispa de revelión la esfuman; es por eso que ya no se intenta, que ya ni le toman importancia; simplemente se callan y aguantan.

Me sorprende que tengamos que cargar con los errores de otras épocas y al mismo tiempo tengamos nuestros errores y lo peor de todo que no se aprenda de ellos, solo sea un "aja si; ¿eso es todo?" y ni se sorprenden por lo que pasa; solo dicen "DIOS MIO" y siguen con su vida .

REFERENCIAS:

Chávez, P. J. B. (1994). Entre el autoritarismo y la democracia. Las reformas electorales del sexenio de Salinas. Revista Polis, 1(1), 139-160. 

Hurtado, G. (1982). O.(1983). comercio exterior. 

Recabarren, F., & Recabarren, R. R. (2003). La matanza de San Gregorio: 1921, crisis y tragedia. Lom Ediciones.